El caso gira en torno a la presidenta Park y a Choi Soon-sil, su amiga íntima bautizada popularmente como la “Rasputina coreana”. Choi está acusada de haber intervenido en asuntos de Estado a pesar de no ostentar cargo público y haber extorsionado a empresas para obtener cuantiosas sumas de dinero de las que se habría apropiado parcialmente, entre otros cargos. La jefa de Estado ha sido señalada por los fiscales como cómplice.
Esto ha causado una fuerte indignación en la sociedad surcoreana por la creencia generalizada de que una desconocida ha podido erigirse como figura influyente en la Casa Azul, dictar políticas y manipular a la presidenta a su antojo.
Las protestas se producen en un momento en el que Park se resiste a dimitir a pesar de los llamamientos casi unánimes de los diputados, los fiscales, los medios de comunicación y la ciudadanía por el mayor escándalo político de los últimos años en Corea del Sur.
Los partidos de la oposición presentarán en diciembre una moción contra la presidenta, cuya tasa de popularidad es de apenas el 4%, para destituirla. La oficina presidencial ha rechazado que Park sea interrogada por el Ministerio Público al considerar que la investigación no está siendo neutral y tiene motivaciones políticas.
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