Mientras la Justicia rechazó los pedidos de eximición de prisión por las causas en las que se lo investiga por fraude multimillonario en el proyecto minero de Río Turbio y sobreprecios en compra de gas licuado, una comisión de la Cámara de Diputados analizaba anoche si aprobaba el dictamen que abre las puertas para que el plenario de Diputados debata hoy si expulsa al legislador.
Si se vota su desafuero irá a la cárcel.
De Vido, exministro de Planificación Federal durante los 12 años de gobierno kirchnerista, es diputado nacional con mandato hasta 2019, por lo que tiene fueros que hasta ahora impidieron su detención.
Está acusado de desviar unos US$ 1.500 millones desde la carbonífera estatal de Río Turbio, en la Patagonia. La otra causa tiene como foco un presunto sobreprecio de 7.000 millones de pesos (US$ 400 millones) en la compra de buques de gas licuado entre 2008 y 2015, durante su gestión como ministro de Planificación.
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En junio pasado el oficialismo logró alianzas necesarias para llegar al quórum, pero en la votación no alcanzó los dos tercios requeridos para quitarle los fueros y en esa ocasión la Justicia aún no había formulado un pedido de arresto, razón que varios legisladores esgrimieron para rechazar su salida.
En 2015 los dirigentes del kirchnerismo desde la secretaría de Planificación, dirigida por De Vido, hicieron proselitismo con energía paraguaya producida en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). En varias ocasiones De Vido obvió el hecho de que la usina es “binacional”.