BRASILIA (EFE, AFP). La democracia que Brasil recuperó en 1985 tras 21 años de dictadura está bajo sospecha desde ayer, tras la revelación de que la corrupción pudo haber salpicado a todos los presidentes que el país tuvo desde la caída del régimen militar.
Si bien las confesiones no son consideradas pruebas, a menos que así sea constatado en una Corte, entre el centenar de políticos citados por exdirectivos del grupo Odebrecht en torno al caso Petrobras (Petrolão) están los cinco expresidentes vivos que tiene Brasil.
Se trata de José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
Esos testimonios implican también a los actuales presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Eunício Oliveira.
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La causa judicial Lava Jato (lavadero de autos) se inició en marzo de 2014 cuando la Policía del estado de Paraná descubrió una red de lavado de dinero entre Brasilia y São Paulo.
En el proceso se destapó una red de corrupción en Petrobras, como un sinfín de problemas financieros y políticos que alcanzan a todos los partidos.
Sobre los exmandatarios pesan serios indicios que, según el magistrado Edson Fachin, instructor del caso Lava Jato en la Corte, son suficientes para sospechar que incurrieron en actos de corrupción de tipo electoral.
Con el aval de la máxima Corte, la investigación pasará de nuevo a manos del Ministerio Público, que decidirá si presenta o no una denuncia ante el Supremo. Este, a su vez, tendrá la responsabilidad de aceptarla y procesar a los investigados o archivarla.
El juez Fachin rompió parcialmente el sigilo judicial al airear la “lista negra” elaborada por el fiscal de la República, Rodrigo Janot.
El caso Lava Jato también trascendió fronteras y salpicó a más de una docena de países de la región, y en Brasil dejó cientos de detenidos involucrados en un esquema de pago de sobornos por contratos entre Petrobras y Odebrecht.