Con ello se busca dar luz sobre el estado de las causas judiciales en el marco del Plan Cóndor, una operación de asociación ilícita entre las últimas dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para realizar secuestros coordinados en las décadas de 1970 y 1980.
Señalan tres áreas donde se concentran los obstáculos: justicia, equipos y recursos, y el acceso a las pruebas.
Unesco estima que hubo alrededor de 377 víctimas de la coordinación represiva entre 1974 y 1981, entre ellos 177 uruguayos, 72 argentinos, 64 chilenos y 25 paraguayos.