BRASILIA (AFP, Reuters). “Entre marzo y abril de 2017, con voluntad libre y consciente, el Presidente de la República, Michel Temer Lulia, valiéndose de su condición de jefe del Poder Ejecutivo (...) recibió para sí (...) una ventaja indebida de 500.000 reales” (US$ 150.000) de uno de los dueños del gigante cárnico JBS, Joesley Batista, indica la acusación presentada ante el Supremo Tribunal Federal (STF).
En colaboración con la Justicia, directivos de JBS habían declarado que sobornan al mandatario desde 2010 y además han entregado a la justicia unas grabaciones que comprometen al gobernante.
En esos audios, Temer supuestamente consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del Poder Judicial.
Esas grabaciones fueron hechas por Batista durante una visita que realizó a Temer en marzo pasado, por lo que la sospecha que se teje en torno al mandatario se refiere a hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato, algo que la Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de un proceso penal.
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Pero el camino aún es largo. La Constitución de Brasil establece que, cuando un presidente es denunciado, dos tercios de los diputados deben validar esa denuncia para que el Supremo Tribunal Federal (STF) lo pueda procesar.
Si eso pasara, el presidente Temer quedaría formalmente imputado y debe apartarse del cargo durante un máximo de 180 días, mientras la Corte trata el caso.
Su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.
Si fuera finalmente condenado, en un plazo de 30 días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que en este caso concluye el 1 de enero de 2019.
Sin embargo, todo eso quedaría en nada si Diputados rechaza la denuncia, pues eso obligaría al Supremo a archivar el caso y el presidente continuaría en el poder.
Sin embargo, legisladores de la coalición gobernante de Temer confían en que tienen los votos para evitar que se consiga la mayoría de dos tercios para que el juicio proceda. Pero advirtieron que el respaldo podría menguar si los congresistas deben votar varias veces para proteger de un juicio al presidente.
Uno de los líderes de la coalición oficialista, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, recomendó que Temer se aleje del cargo y convoque a elecciones anticipadas.
El mandatario ha dicho en reiteradas ocasiones que es inocente.
Prisión para leal de Lula
BRASILIA (AFP). La justicia brasileña condenó ayer a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado “de más de US$ 10 millones” en el caso Petrobras para financiar campañas políticas al político brasileño Antonio Polocci, el otrora poderoso exministro de Lula da Silva y también jefe de gabinete de la destituida mandataria Dilma Rousseff.
Detenido desde septiembre pasado, fue hallado culpable de haber negociado “sobornos entre el grupo Odebrecht y agentes del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda)”, según sentencia emitida por el juez de primera instancia Sergio Moro, visto por millones de brasileños como un ícono de la lucha contra la corrupción.
Era identificado en las listas Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, con el apodo de “Italiano”.