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Una iniciativa en la que muchos vieron una extrapolación de funciones y la prueba de que la “República de Curitiba” alimentaba ambiciosos proyectos.
Un magistrado del STF, Alexandre de Moraes, suspendió el viernes ese acuerdo y ordenó bloquear el dinero. El presidente del STF, Dias Toffoli, pidió además abrir una investigación sobre fiscales, por presuntas calumnias contra miembros del máximo tribunal.
¿El golpe final?
Ahora la atención se dirige hacia la sesión del Supremo Tribunal Federal (STF) del 10 de abril, que discutirá si un condenado debe empezar a cumplir su pena después de ser sentenciado en segunda instancia o si tiene derecho a agotar los recursos en libertad.
En este último caso, Lava Jato se vería privada de una de las herramientas que explican su popularidad, dado que anteriormente era excepcional ver tras las rejas a personajes con medios económicos para eternizar sus procesos.
Para el abogado constitucionalista Daniel Vargas, “la Constitución establece un criterio” de garantía de la presunción de inocencia “y si no nos gusta, hay que cambiar la Constitución”, afirma.
La victoria de la presunción de inocencia liberaría a numerosos presos que no sean objeto de prisión preventiva. Entre ellos, Lula.