CARACAS (AFP). “Llegamos al momento histórico: o somos presas del miedo, de la desesperanza, de la inacción (...) o nos mantenemos unidos en las calles, con esperanza, con fuerza”, lanzó el jefe parlamentario, reconocido como presidente interino por medio centenar de países.
Once días después del alzamiento del 30 de abril liderado por Guaidó, que desató una ola represiva que se saldó con un diputado preso y varios refugiados o huidos, grupos de personas se congregaron en otras ciudades del país.
“Hoy le pido a Venezuela que no descansemos un solo día hasta lograr el cambio en Venezuela, nosotros no lo vamos a hacer, a pesar de la persecución, del hostigamiento”, aseveró Guaidó, bajo permanente riesgo de ser detenido.
“El llamado es a salir a la calle. Todos tenemos miedo por la represión, pero no podemos quedarnos en la casa”, dijo Melquíades Rosales, de 42 años.
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Los disturbios tras el fallido alzamiento militar del pasado 30 de abril contra Maduro dejaron seis muertos.
En oleadas de protestas en 2014 y 2017, durante las cuales la oposición denunció una “salvaje represión”, fallecieron unos 200 venezolanos.
Una mujer portaba un cartel con el mensaje: “Militares, ¿cuántos muertos más van a esperar?”. Guaidó ha hecho constantes llamados a la Fuerza Armada a dar la espalda al régimen, pero el alto mando sigue sosteniéndolo.
“¿Hasta cuándo podemos resistir como sociedad?”, preguntó ayer Guaidó, refiriéndose a la persistente crisis económica y social de Venezuela, la peor de su historia reciente.
Pero el heredero político de Hugo Chávez (1999-2013), que dice enfrentar un “golpe de Estado” continuado de la oposición, sigue contando con el respaldo castrense y de Cuba y Rusia.
Por esos hechos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), servil al régimen, imputó a 10 diputados, entre ellos la mano derecha de Guaidó, Édgar Zambrano, por “traición a la patria” y “terrorismo”.
Zambrano, vicepresidente del Parlamento, fue detenido el miércoles por la temible policía secreta. Luego fue ingresado en una cárcel militar en Caracas.
Tres de sus colegas se refugiaron preventivamente en las residencias de los embajadores de Argentina e Italia y un quinto huyó a Colombia. Los restantes mantienen un perfil bajo.
Una veintena de miembros del Parlamento, única institución en manos opositoras pero anulada en la práctica por el régimen, han sido objeto de medidas judiciales.