Según ese informe, la Policía dice haber comprobado que costosas reformas hechas en esa finca, situada en la localidad paulistana de Atibaia, fueron “dirigidas” por Lula y su esposa Marisa Leticia, y estuvieron a cargo de constructoras implicadas en los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras.
La residencia figura a nombre de dos empresarios muy allegados a Lula, pero las autoridades sospechan que el verdadero propietario es el expresidente, quien por ese motivo es investigado por ocultación de patrimonio, entre otros delitos.
Entre las reformas que se hicieron en la finca figuran la compra y el equipamiento de una cocina que es muy similar a otra instalada en un apartamento de playa situado en el litoral de São Paulo que, de la misma forma, se sospecha que pudiera ser de Lula pese a que no aparece como propietario.
Tanto Lula como sus abogados niegan que él fuera dueño de esos inmuebles, aunque admitieron que tanto el expresidente como su familia solían frecuentar la finca, pero como invitados.
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