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El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo ayer sobre el posible encarcelamiento de Juan Guaidó que “el Ministerio Público se va a reservar y anunciará, de manera pública, las acciones que en este momento está preparando”, mientras que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía política del chavismo, aguarda la directiva para iniciar la captura del joven opositor.
El Sebin junto a la policía militarizada (Guardia Nacional Bolivariana) efectúan “detenciones arbitrarias”, “incursiones”, “allanamientos irregulares” y destrozos en las casas de los venezolanos críticos con el régimen.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está a “buen resguardo” pero mantendrá “en reserva” el lugar de su ubicación, luego de que el pasado miércoles desafiara al régimen autoritario se autoproclamara presidente del país.
Dos allegados a Guaidó aseguraron que el opositor se mantendrá “en reserva” el lugar de su ubicación debido a la incertidumbre en cuanto a la actuación de la Justicia.
Pero el Supremo venezolano –dirigido por el chavismo– pidió a la Justicia actuar en contra del Parlamento y su directiva.
El magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Supremo, exhortó a la Fiscalía a “determinar las responsabilidades que pudieran tener los integrantes de la Asamblea Nacional ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo”.
Guaidó ya fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia exactamente 10 días antes de su autoproclamación, poco después de haber asegurado que tenía plenas condiciones constitucionales para asumir la Presidencia en lugar de Nicolás Maduro.
El líder opositor reconoció esta semana que su desafío al régimen chavista le traerá problemas.
Presos políticos
El chavismo, actualmente encabezado por Maduro, rige autoritariamente Venezuela desde 1999, cuando Hugo Chávez accedió al poder.
El régimen del Maduro, respaldado por los militares, se alista ahora para responder con puño de hierro a la oposición.
Según el informe de Foro Penal, en Venezuela hay unos 288 presos políticos.
La persecución a las voces disidentes y líderes opositores por parte del régimen se fue acentuando.
El más emblemático es el líder y fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López fue condenado por la justicia, controlada por el chavismo, por los hechos de violencia callejera que dejaron 43 fallecidos en 2014. López cumple actualmente prisión domiciliaria.
En 2017, la policía política detuvo a los concejales Jorge Luis González y Rosmer Rubio, de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD); y al diputado opositor Gilber Caro, a quien acusan de posesión de armas y explosivos.
Lorent Saleh es otro de los jóvenes disidentes que estuvo en prisión. Es presidente de la ONG Operación Libertad. Vive exiliado en España.
El exalcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, fue “imputado” por la Fiscalía luego de haber sido detenido por la policía del régimen por supuesta conspiración y asociación para delinquir. Escapó en 2017 de su detención domiciliaria y buscó asilo en España, lo mismo que Freddy Guevara, el exlíder estudiantil, exvicepresidente del Congreso que buscó en noviembre asilo en la Embajada de Chile en Caracas. Aún sigue allí.
Fue acusado por “delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir”, por apoyar protestas, donde jóvenes estudiantes se manifestaron.