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BUENOS AIRES (EFE). Esta decisión del magistrado federal Julián Ercolini se enmarca en uno de los expedientes por presunta corrupción que afectan a la ex jefa de Estado.
En esta causa se trata de comprobar si hubo retornos económicos a la familia Kirchner por parte de empresarios de la obra pública como Lázaro Báez a través de la contratación de instalaciones de hotel Alto Calafate, que gestiona la hotelera Hotesur.
Lázaro Báez fue el gran beneficiado de las licitaciones públicas mientras los Kirchner estuvieron en el poder.
Por otro lado, el juez decretó la inhibición (bloqueo) general de bienes respecto de las firmas Valle Mitre –perteneciente a Báez– e Idea –propiedad del empresario Osvaldo Sanfelice–, y prohibió que el capital de las mismas sea alterado.
La investigación está orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida “desde las más altas autoridades” del Poder Ejecutivo, en primer término por el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y luego por Cristina Fernández, su esposa, que gobernó de 2007 a 2015.
Según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, ambos expresidentes, durante sus mandatos, juntamente con funcionarios del Estado “y un reducido número de empresarios amigos”, entre ellos Báez, “se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”.
La Fiscalía, que ya pidió en mayo pasado que la expresidenta y sus hijos –también accionistas de la empresa– sean llamados a declarar, detectó irregularidades en la asignación, control y pago de obras viales en la provincia de Santa Cruz, que Kirchner gobernó de 1991 a 2003.
“Se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 % de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de las empresas de Báez por más de 46.000 millones de pesos (2.771 millones de dólares)”, añadieron los fiscales.