BUENOS AIRES (AFP). Además del presidente Mauricio Macri, fue imputado su ministro de Comunicación, Óscar Aguad.
La Fiscalía impulsa la investigación para “corroborar la existencia de conductas delictivas”, en el acuerdo por la deuda con el Correo Argentino.
El grupo Macri tuvo la concesión del servicio postal desde 1997 hasta 2003, cuando fue reestatizado. El Correo fue dado en concesión en el marco de la política de privatizaciones del gobierno peronista de derecha de Carlos Menem (1989-99).
El Ministerio Público se basó en el dictamen de una fiscal de la Cámara en lo Comercial (apelaciones), quien dijo que el acuerdo con el poderoso Grupo Macri es “ruinoso”, “abusivo” , “inadmisible” y “equiparable a una condonación del 98% de la deuda”.
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En 2001, la deuda era de casi 300 millones de pesos (la misma cantidad en dólares).
La imputación responde a dos denuncias penales que llegaron a los tribunales; una presentada por dos políticos de la oposición kirchnerista, Martín Sabbatella y Gabriela Cerrutti, y la otra, por un abogado particular.
La repercusión es de tal magnitud que intervinieron organismos que el gobierno controla, como la Oficina Anticorrupción, dirigida por la dirigente macrista Laura Alonso. También investigan la estatal Fiscalía Administrativa y la Procuración del Tesoro (fiscalía económica).
Defensa del Gobierno
El jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, defendió la transparencia del Ejecutivo y señaló que, por indicación del mandatario, se solicitó una audiencia a la Justicia (Cámara Federal) para pedir “que aborde la problemática de manera integral”.
Además, que se convoque a expertos para evitar “ cualquier tipo de duda sobre posibilidades de conflicto de intereses ” en el cobro de una deuda que data de 2001, cuando el Correo, empresa privatizada en manos de los Macri, quebró.
Por esta polémica, parlamentarios opositores avanzan en la formulación de pedidos de informe al Gobierno y la presentación de un amparo para frenar el acuerdo por la deuda.