BUENOS AIRES (EFE). Las imágenes, que datan de 2012, muestran a Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez (vinculado a los Kirchner), extrayendo de una bolsa grandes sumas de dólares que son contadas por una máquina en la oficina que tenía la financiera SGI (conocida como “La Rosadita” en alusión a la Casa Rosada, sede del gobierno).
En el mismo lugar la expresidenta argentina Cristina Fernández compró dos inmuebles.
El empresario investigado era un estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
Báez fue el principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz durante el kirchnerismo.
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Es así como el juez federal Sebastián Casanello prohibió ayer salir del país a Martín Báez, a Daniel y Sebastián Pérez Gadín y a Fabián Rossi, y dispuso la inhibición general de sus bienes.
La resolución alcanza a los cuatro hombres, a los que se llamó a prestar declaración indagatoria entre el 18 y 21 de abril próximos.
En la resolución en la que resolvió indagarlos, el juez afirmó que hay pruebas que permiten “inferir la ilicitud del origen de los fondos involucrados” en las imágenes donde se ve a Martín Báez y otros imputados contando una gran cantidad de dinero en efectivo.
Ya el pasado junio, el fiscal Guillermo Marijuán pidió a Casanello indagar a Lázaro y a Martín Báez, y al financista Federico Elaskar, entre otros.
La investigación se inició en 2013 cuando Elaskar dijo en un programa de televisión haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia.
En la causa se investiga si el dinero fue sacado en efectivo, en aviones privados, a Uruguay, desde donde presuntamente era girado por transferencias a Suiza a cuentas de sociedades panameñas.