Justicia cerca a los Kirchner por una trama de sobornos

BUENOS AIRES (EFE). El Centro de Información Judicial (CIJ) reveló un documento en el que se indicaba que Néstor Kirchner y Cristina Fernández fueron, junto a su ministro del área de obras públicas, Julio de Vido, los “verdaderos beneficiarios” de esta supuesta red de sobornos.

La causa no solo puso en el ojo del huracán político a la principal fuerza opositora, el kirchnerismo, sino a grandes compañías, entre ellas empresas de la familia del presidente Mauricio Macri. 

La investigación comenzó cuando una persona, “a quien se le reservó su identidad”, llevó al juzgado que dirige Claudio Bonadio copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Óscar Centeno, chofer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.

De ahí se conocería, según la información difundida por la justicia argentina, de la existencia de una “organización delictiva” conformada por funcionarios públicos y comandados por Néstor Kirchner -fallecido en 2010-, Fernández y de Vido al menos entre los años 2008 y 2015.

Se obtuvieron así indicios que permiten sostener que, durante un lapso de ocho años como mínimo, Baratta y cinco funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, “en la mayoría de las oportunidades”, en vehículos conducidos por Centeno.

Quedaron explicados de manera abierta entonces los pormenores de la investigación, que hasta ahora estaba bajo un estricto secreto de sumario.

Este anuncio llegó en la misma semana en la que comenzaron los allanamientos a las propiedades de Fernández por un pedido del juez Bonadio, después de que la Cámara Alta los autorizara, ya que la expresidenta tiene fueros como senadora.

Bonadio se apoya en las confesiones de arrepentimiento de algunos investigados, aunque aún no se han detectado cuentas, cajas fuertes o alguna prueba tangible de dónde está el dinero de la corrupción.

Ante Bonadio comparecieron grandes empresarios de firmas líderes como la ítalo-argentina Techint y la española Isolux.

Sobre la publicación del CIJ, uno de los abogados de la senadora, Gregorio Dalbón, aseguró que no se trata de una “resolución, sino de un arbitrario resumen de la causa utilizado para buscar aceptación” y, como defendió en anteriores ocasiones, “se demuestra que es una persecución política”.

Hasta el momento, se ha tomado declaración en esta causa a 52 imputados -entre ellos Fernández- y arrestado a 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad.

Mientras tanto, dos personas siguen con orden de captura, una de ellas el exdirector argentino de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Oscar Thomas.

Entre los imputados, 17 declararon en calidad de arrepentidos, figura jurídica que otorga beneficios penales a cambio de confesión de datos que permitan avanzar en la causa.