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MADRID (AFP).El juez José Castro, que instruye este sumario en un tribunal de Palma de Mallorca, imputó a la infanta el 3 de abril por tráfico de influencias, aunque tuvo que suspender el procedimiento a petición de la fiscalía anticorrupción, a la espera de los resultados de la investigación de un “posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de dinero”.
En un auto publicado ayer, el magistrado instó al fisco español a que “emita un informe sobre las cuentas corrientes que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia sea titular o aparezca como apoderada, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular”.
Con este informe, Castro espera que se “colme cualquier laguna o aclare cualquier contradicción que (...) haya podido concurrir sobre la real intervención que en supuestas irregularidades fiscales y de blanqueo de capitales haya podido tener” la hija menor del monarca, de 47 años.
El marido de Cristina, exjugador de balonmano reconvertido en hombre de negocios, está imputado junto con su exsocio Diego Torres de haber presuntamente malversado seis millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una sociedad de mecenazgo que presidió entre 2004 y 2006.
Durante esos años, esta sociedad sin ánimo de lucro obtuvo cuantiosos contratos con las autoridades regionales de Baleares y Valencia, en el este del país, para organizar o promover congresos relacionados con el deporte.
Cristina, séptima en la línea de sucesión a la Corona de España, fue miembro de la junta directiva de Nóos y poseía a medias con su marido la empresa Aizoón, también bajo investigación por haber supuestamente cobrado servicios inexistentes.
En su auto, el juez pide aclarar si la hija del Rey “ha podido hacer uso (...) de fondos derivados de la entidad mercantil Aizoon” para rehabilitar el palacete que compró en 2004 junto a Urdangarin, de 45 años.