BRASILIA (EFE). La defensa pidió la anulación del juicio en primera instancia y, por ende, la de la condena que fue dictada por un tribunal de alzada, que le condenó a 12 años de cárcel, ahora reducidos a 8 años y 10 meses, pero los miembros de la Quinta Sala del Tribunal Superior, mantuvieron la sentencia dictada contra el exmandatario.
La decisión, adoptada en forma unánime por los cuatro miembros de la quinta corte del Superior Tribunal de Justicia (STJ), supone que el exmandatario, en la prisión desde el 7 de abril de 2018, podría ser beneficiado con un régimen de detención domiciliaria a partir del próximo mes de septiembre, según cálculos de expertos en asuntos jurídicos.
El caso se refiere a la primera condena dictada contra Lula en la segunda instancia, por corrupción y lavado de dinero, una vez que la Justicia consideró probado que recibió a modo de soborno un apartamento en Guarujá, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras.
La condena se dio en el marco de la Operación Lava Jato, que desde 2014 enjuició a decenas de empresarios y políticos de primer plano, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera estatal.
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Sobre Lula ya pesa otra condena a otros 12 años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.
En caso de que se ratificara esa pena en segunda instancia, se frustraría la posibilidad de que Lula pase a cumplir lo que resta de su primera condena en su casa.
En ese segundo proceso, el asunto se refiere a una casa de campo en el interior del estado de São Paulo, que también le habría sido entregada a título de soborno a Lula.
Desde que fue encarcelado, Lula permanece en una celda especial, adaptada a su condición de expresidente en un edificio de la Policía Federal en Curitiba. El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) enfrenta otras 6 causas penales por supuesta corrupción.
En uno fue acusado de haber intentado comprar el silencio de un ex alto funcionario de Petrobras que está preso por su responsabilidad en el escándalo, para que no lo implicara en las corruptelas. En otro fue imputado por presuntamente facilitar la financiación de obras de Odebrecht en Angola a través del estatal bancaria BNDES.
En otro proceso se le acusó de recibir sobornos, mediante un supuesto contrato por unos US$ 757.000 que benefició a la empresa de unos de sus hijos .
Y en el último fue imputado por presuntamente favorecer a la aeronáutica sueca Saab en un billonario contrato para la adquisición de 36 cazabombarderos para la Fuerza Aérea Brasileña.