El presidente Jovenel Moise, cuya renuncia solicita gran parte de la población con protestas callejeras, “ha lanzado programas de limpieza y dijo que con ellos crearía unos 50.000 empleos. Así que a los jóvenes que egresan de la universidad, ¿solo puede ofrecerles escobas?”, pregunta Marco Beauséjour, de 27 años.
“Nuestros padres se sacrificaron para pagar nuestros estudios y la opción que se nos da es barrer las calles. El presidente nos falta el respeto”, dice el joven, quien intenta, sin mucho éxito, ganarse la vida como conductor de una mototaxi.
Con su diploma de contador, Marco se siente, a pesar de todo, un privilegiado por haber podido estudiar.
“Formar parte del sector de los negocios es difícil, porque es cerrado y corrupto: no puedes obtener un crédito para crear una empresa y las ofertas de trabajo exigen años de experiencia que evidentemente los jóvenes no tenemos”, lamenta Pascale Solages (31 años).
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Clientelismo
En un país en el que el sector privado está en manos de unas pocas familias, el Estado constituye el primer empleador, pero la administración está muy lejos de ser representativa de la pirámide de edades. Más de 80% de las personas contratadas por el Estado superan los 35 años.
La extrema debilidad del sistema de previsión social frena la renovación del cuerpo de funcionarios, en detrimento de los jóvenes, pero es sobretodo el clientelismo que gangrena la dirigencia política el que bloquea el proceso de reclutamiento en las instituciones públicas.
“La corrupción hace que la administración esté repleta de personas colocadas por senadores y diputados que utilizan estos espacios para ubicar a sus amigos, su familia, gente sin experiencia ni habilidades”, dice Solages, quien participa en la campaña “Petrocaribe Challenge” .
Lanzada en el verano boreal de 2018, esta movilización que tiene lugar en las redes sociales reclama la transparencia sobre la gestión del fondo Petrocaribe, un programa de ayuda que Venezuela ofrece a Haití desde 2008.
A fines de enero, el tribunal de cuentas publicó un informe de auditoría que denunció una gestión desastrosa de ese fondo y señaló posibles desvíos de cerca de 2.000 millones de dólares..
Numerosos jóvenes ven en la emigración su única esperanza. Alrededor de 165.000 haitianos llegaron a Chile en los últimos cuatro años. Ante esta ola migratoria sin precedentes, Santiago decidió exigir a partir de abril una visa de ingreso a las personas originarias de Haití. En Estados Unidos, mientras tanto, el estatuto especial del que gozaban los haitianos luego del sismo de 2010 debería expirar en julio, si la justicia del país norteamericano no toma una decisión contraria.