RÍO DE JANEIRO (EFE). La denuncia, que incluye además a su hijo, Luis Cláudio Lula da Silva, es fruto de las investigaciones realizadas en el marco de la conocida Operación Zelotes, que desde 2015 investiga irregularidades en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.

La investigación sobre el exmandatario, que ya tiene abiertos otros tres procesos diferentes en su contra, apunta a irregularidades en la compra de 36 aviones de combate por parte de las Fuerzas Aéreas Brasileñas (FAB).

La Fiscalía considera, asimismo, que existen indicios de irregularidades en la prórroga de incentivos fiscales a la industria automotriz mediante un decreto dictado por el Gobierno de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff.

Los delitos se habrían producido entre 2013 y 2015, años después de que Lula abandonara la jefatura del Estado, lo cual no le habría impedido influir en el Gobierno con el objetivo de beneficiar a diversas empresas.

Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2011, se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos por recibir presuntos pagos y favores de sendas constructoras, y en el tercero, por haber tratado de acallar a un testigo que le señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó la petrolera estatal Petrobras durante al menos una década.