El exmandatario (2003-2011), su esposa y el exministro de Hacienda Antonio Palocci son sospechados de haber lavado dinero en la compra de un terreno donde estaba prevista la construcción del Instituto Lula, en el centro de São Paulo.
Además, están en la mira de la Policía Federal por el cobro del alquiler de un departamento próximo a la residencia de Lula, en periferia de São Paulo.
Para los investigadores la constructora Odebrecht, la mayor de Brasil, se valió de contratos de fachada para pagar los favores políticos de Lula y su entorno.
Antonio Palocci, que también fue ministro durante el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), ya está preso debido a su participación en la red de corrupción del “Petrolão” que causó perjuicios millonarios a la petrolera.
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En esa misma causa, conocida como “Lava Jato” (Lavadero de auto), Lula fue procesado en septiembre pasado cuando la Procuraduría General de la República lo caracterizó como el “comandante” de la corrupción.
Luego de la apertura de este nuevo proceso, anunciado el lunes pasado por la Policía Federal, el caso será analizado por la Procuraduría, la cual decidirá si cabe o no presentar una denuncia contra Lula ante el juez Sergio Moro.
Este magistrado anticorrupción es el responsable del “Lava Jato”, que ha condenado a decenas de altos dirigentes políticos, entre ellos varios correligionarios de Lula, y a empresarios que participaron en la trama delictiva.