SÃO PAULO (EFE). Lula, candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), se ha valido de una opinión –no vinculante– del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (panel conformado por especialistas) para reavivar sus aspiraciones de volver al poder y amplificar sus denuncias en el escenario internacional.

El comité emitió este viernes un resumen en el que pide que se tomen “todas las medidas necesarias” para que el exmandatario “pueda ejercer sus derechos políticos” como candidato a la presidencia.

Pide que Brasil “no impida” a Lula, quien, además de la condena a 12 años de cárcel, suma otros cinco procesos penales por presunta corrupción, participar en los comicios hasta que todos sus recursos en la Justicia hayan sido analizados.

Los abogados del exmandatario exigieron el acatamiento inmediato de esa postura, tesis rebatida por la Cancillería brasileña, que recordó el carácter no vinculante de las decisiones del órgano y afirmó que el país actúa con “celo”, “independencia” y apegada a la Constitución.

Para entonces, la noticia ya recorría el mundo con manifestaciones vía redes sociales de algunos de los aliados del expresidente brasileño, bajo cuyo gobierno fue montado el esquema de corrupción más grande en la historia del Brasil, y uno de los más grandes conocidos en el mundo.

De acuerdo con la legislación brasileña, los condenados en segunda instancia –como es el caso de Lula– están impedidos de presentarse a cualquier cargo electivo.

Esa norma se recoge en una ley sancionada por el propio Lula en 2010, conocida como “Ficha Limpia” y cuya constitucionalidad fue ratificada en 2012 por la Corte Suprema.

La candidatura de Lula ha recibido siete impugnaciones, y el Tribunal Superior Electoral tiene plazo para pronunciarse hasta el 17 de septiembre, antes de las elecciones del 7 de octubre.

Lula está condenado a 12 años y un mes de prisión por haber recibido un lujoso departamento como pago de sobornos de una de las constructoras beneficiadas en el esquema de licitaciones amañadas en Petrobras.