El Gobierno venezolano en un supuesto afán de lucha contra la criminalidad convertiría a los ciudadanos en “espías” al asignarles tareas de seguridad e inteligencia.
El mandatario Nicolás Maduro se refirió a esos ciudadanos como “patriotas cooperantes”.
Según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, el país petrolero cerró 2016 con 28.479 muertes violentas, 91,8 por cada 100.000 habitantes. La media mundial es de 8,9 por cada 100.000.
Esta nueva estrategia no atacaría las causas de la violencia, sino que tendría motivaciones políticas.
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En Paraguay, durante la dictadura del Alfredo Stroessner, que gobernó con mano dura el país desde 1954 hasta el 2 y 3 de febrero de 1989, estos “espías” eran conocidos como pyrague.
El régimen de Maduro pretende que estos “espías” denuncien ante una “Policía Comunitaria” a sus vecinos, incluso a sus familiares, por intento de conspirar contra la revolución bolivariana.
Según la oposición, en Venezuela hay un centenar de “presos políticos” , aunque el gobierno alega que son responsables de conspiración e instigación a la violencia.
Maduro llamó a la población a integrar también el “Sistema de Inteligencia Popular”, sin detallar cómo se estructurará su participación.
Este plan “socava derechos civiles y políticos”, dijo la presidenta de la ONG Control Ciudadano, a la agencia AFP.
La activista subrayó que la Constitución establece que preservar la seguridad ciudadana “corresponde a los cuerpos de seguridad y, de ninguna manera, a civiles”.
Maduro, cuyo gobierno ya fue tildado como “dictadura” por la Iglesia venezolana, rebautizó las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), una ofensiva policial-militar contra la delincuencia marcadas por denuncias de violaciones de derechos humanos.
La semana pasada, Maduro puso a su vicepresidente Tareck El Aissami al frente de un “Comando Antigolpe”, que será, según sus palabras, “antitraición” y atenderá supuestos planes golpistas que se tejan “a nivel político, económico y a todo nivel (...) para darle paz y estabilidad al país”.