El piso de toneladas de desechos sedimentados tiembla con el paso de los camiones por este antiguo manglar al borde de la Bahía de Guanabara, convertido en “depósito sanitario” en 1976, durante la dictadura militar, y donde la basura nunca fue tratada de manera adecuada.
En 2004, cuando aparecieron filtraciones en las montañas de basura sedimentada que desagota en la bahía, alertando sobre un inminente desastre socioambiental, la alcaldía de Río decidió cerrar este basurero, que llegó a recibir más de 8.000 toneladas diarias de desechos.
La fecha de cierre fue postergada varias veces y fijada finalmente para este 1 de junio, antes de la cumbre de la ONU sobre desarrollo sustentable Río+20, que la ciudad acogerá del 13 al 22 de junio y en la que participarán más de 115 jefes de Estado y de Gobierno y unos 50.000 representantes de la sociedad civil y empresarios.
Ante el cierre inminente de su fuente de trabajo, cerca de 2.000 “catadores” –como se llaman en Brasil a las personas que seleccionan y venden la basura considerada reciclable– se asociaron, protestaron y se reunieron con la alcaldía para obtener una indemnización.
La alcaldía accedió finalmente a pagar 14.865 reales (unos 7.430 dólares) a 1.603 catadores registrados. Pero no todos están satisfechos, y se preguntan de qué vivirán cientos de familias de la miniciudad contigua a Gramacho, donde residen unas 20.000 personas, cuando ese dinero se acabe.
De acuerdo con la empresa municipal de limpieza urbana, Comlurb, la separación manual de basura movió hasta el año pasado 24 millones de reales (casi 12 millones de dólares).
A pesar de los riesgos que implican los desechos tóxicos, como el gas metano que se produce a partir de la descomposición de los desechos, o los accidentes con los camiones y las enfermedades contraídas en el basurero, trabajar en Gramacho es para muchos la mejor opción.