La Fiscalía, que actuó en el marco de la Lava Jato junto con la Policía Federal, dictó cuatro órdenes de prisión preventiva y dos de arresto temporal, contra tres exfuncionarios de Petrobras y tres operadores financieros, uno de los cuales trabajaba como agente intermediario de valores destinados a políticos vinculados al PMDB.

Entre 2010 y 2012, a través de este esquema pagaron sobornos por unos US$ 56,5 millones para hacer efectivo un contrato de más de US$ 825 millones, firmado en 2010 por Petrobras con la constructora Odebrecht, según la Fiscalía.

El objetivo del contrato era la supuesta prestación de servicios de rehabilitación, construcción y montaje, diagnóstico y reparación ambiental, elaboración de estudio, diagnóstico y levantamientos en las áreas de seguridad, medio ambiente y salud para la petrolera, en nueve países –que no han sido precisados–, además de Brasil.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones también señalaron que parte del dinero pagado indebidamente por el grupo Odebrecht para la obtención del contrato investigado, se destinaron a agentes públicos y a partidos políticos.

Hubo coimas en contratos obtenidos por la empresa, pagadas a través de transferencias en el exterior, para lo cual se utilizaban empresas off-shore (constituidas fuera del país), así como el movimiento de recursos en efectivo en Brasil, con la intervención de operadores financieros.

La operación Lava Jato destapó en 2013 una red que involucraba a ejecutivos de grandes contratistas de Petrobras, altos funcionarios de la petrolera de Brasil y decenas de políticos que amparaban las corruptelas.

El oscuro esquema de corruptelas conocido como Petrolão (por la defraudación a Petrobras) fue montado bajo el gobierno de Lula y continuó con su sucesora Dilma Rousseff.

Poderosos a prisión

En casi cuatro años, llevó a la cárcel o sentó en el banquillo de los acusados a empresarios y políticos de primer plano.

La “elite” política comenzó a tambalear tras la decisión del Supremo Federal de abrir investigaciones masivas por corrupción.

La causa avanzó gracias a un nuevo modelo de investigación con colaboraciones de los incriminados a cambio de la reducción de condenas (delación premiada), prevista en la ley de Brasil, así como la independencia del Poder Judicial, que se fortaleció gracias a la transparencia y demostró solvencia ante los casos de figuras emblemáticas.