LA PAZ (EFE). Morales anunció ayer en rueda de prensa que piensa “seriamente” en retirar a Bolivia de la CIDH, cuya sede está en Washington a pesar de que “Estados Unidos no ha ratificado ningún acuerdo de defensa de los derechos humanos”.
La sede de la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se encuentra en Washington, pero Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, el principal instrumento sobre esta materia con el que cuenta el continente.
“Yo considero a la CIDH como otra base militar”, dijo Morales al señalar que la institución está financiada por Estados Unidos para “tratar de juzgar a los países”.
Morales agregó que “la derecha procapitalista y proimperialista usa a la CIDH” y que la OEA enviaba misiones a Bolivia para defender y no condenar a presidentes y Gobiernos “que estaban masacrando al pueblo boliviano”.
“Después de conocer y seguir conociendo esas instituciones, personalmente estoy haciendo una profunda evaluación, (creo) que (es) mejor renunciar, retirarnos, no tomar en cuenta”, sostuvo.
“Eso no significa violar los derechos humanos, sino (que) también queremos dignidad y soberanía y a esta clase de instituciones poner en su lugar”, indicó.
El anuncio del mandatario se produjo después de que el pasado viernes se celebrara en la CIDH una sesión por el conflicto que un grupo de indígenas ha planteado contra el Gobierno boliviano para oponerse la construcción de una carretera en la reserva ecológica Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
La ministra de Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila, señaló ayer en declaraciones que “no hay una fecha concreta” prevista para la salida del país de la CIDH, aunque precisó que el asunto está previsto en la agenda política de este año.
“No hay fecha, pero el presidente está analizando el tema y está dispuesto a cumplir todos los trámites a nivel nacional e internacional para salir de la convención”, aseguró Dávila. Para dar este paso, será necesario que el Gobierno boliviano consulte a la Asamblea Legislativa Nacional.
Dávila recordó que aunque Bolivia es el país “que ha dicho las cosas de manera más directa”, su opinión es compartida por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), en especial por Ecuador y Venezuela.
“Algo tendrán que responder desde la CIDH ante esta situación de varios países”, agregó.