MANAGUA (AFP). Las protestas, que arrancaron el 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social, se transformaron luego de la fuerte represión contra los manifestantes en una demanda de salida del mandatario, en el poder desde el 2007.
Según organismos humanitarios la represión dejó más de 320 muertos, mientras que la policía reconoce 198 víctimas fatales que atribuye a los manifestantes.
La policía “no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento golpe de Estado”, dijo el Jefe de Seguridad Pública, Luis Barrantes.
Con esta decisión, la policía negó a la principal alianza opositora Unidad Nacional Azul y Blanco el permiso que había solicitado para manifestarse mañana.
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La marcha pretendía demandar al Gobierno la liberación de 600 manifestantes que están presos en condiciones “inhumanas”, de los cuales más de 60 fueron condenados por “terrorismo” con base en una nueva ley que criminaliza las protestas.
La policía, sin embargo, argumentó que el propósito de la oposición “es continuar promoviendo actos vandálicos y terrorismo para afectar a las familias en las celebraciones” de fin de año.
“La denominada Unidad Azul y Blanco carece de personería jurídica y por lo tanto no puede ejercer derechos ni obligaciones conforme el marco jurídico”, según la policía.
El anuncio policial fue precedido por un aumento de la presencia de las fuerzas del orden frente a edificios y entes de comunicación críticos con el gobierno.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de Ortega de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.