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Nicaragua era el país de la América Central, después de Panamá, con mayor crecimiento, antes de la crisis sociopolítica, iniciada en abril de 2018, por unas inconsultas reformas a la seguridad social que fueron luego abolidas por el Ejecutivo tras un estallido social que dejó cientos de muertos y de detenidos en protestas, y otros miles en el exilio.
Ortega, sin el consenso del sector privado, impuso nuevas modificaciones a la seguridad social que subió la cuota de las empresas y de los empleados. También presentó en el Parlamento (de mayoría oficialista) reformas a la Ley de Concertación Tributaria, que eleva el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias, entre otros, con el fin de recaudar más tras la fuerte caída de la economía.
Los diferentes agentes económicos, que consideran esas medidas de “carácter recaudatorio”, advierten una mayor debacle económica.
“Hay empresas que ya no van a poder seguir operando”, aseguró el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), José Adán Aguerri.
El deterioro económico experimentado en 2018 y el que se espera en 2019 no se puede revertir con medidas económicas, porque su origen radica en la crisis sociopolítica que vive el país, argumentó la organización no gobernamental Funides.
Estos acuerdos políticos deben incluir, al menos, garantías del respeto a los derechos constitucionales, la libertad de los presos políticos, el esclarecimiento de la verdad detrás de los hechos de violencia, así como elecciones libres, observadas, transparentes y anticipadas, señaló la organización.
La confianza de consumidores, empresarios e inversionistas, así como la seguridad ciudadana y la cohesión social, solo podrá restablecerse con acuerdos políticos que aseguren un cambio en el rumbo de Nicaragua, según diversos sectores.