MANAGUA (EFE). La Unidad Nacional Azul y Blanco (alianza opositora) reporta al menos 2 desapariciones diarias a manos de policías, personas que luego aparecen en prisión con denuncias de torturas, o violaciones sexuales.

La Policía, que no realizaba patrullajes diurnos, ahora está en casi todas las intersecciones importantes de las ciudades con rifles AK-47 de fabricación rusa o escopetas, y vastas municiones.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reporta 809 “presos políticos” y el Gobierno reconoce menos de la mitad, por lo que se estima la desaparición de cientos de manifestantes autoconvocados, aquellos que no siguen liderazgos en su repudio al mandatario Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos 325 manifestantes han muerto en protestas contra el presidente Daniel Ortega; instituciones humanitarias locales cuentan 568 víctimas, mientras que el Gobierno reconoce 199.

La CIDH, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y diversos organismos locales e internacionales responsabilizan por la crisis humanitaria al Gobierno de Ortega, al que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) atribuye crímenes de “lesa humanidad”.

Según revelaron diferentes militares retirados del Ejército, el régimen realizó eliminaciones de opositores entre abril y julio de 2018, cuando atacó con armas de guerra a poblaciones enteras con sus “fuerzas combinadas”, compuestas por policías, antimotines, paramilitares y grupos de choque, y luego pasó a otra etapa de “ejecuciones selectivas”, también letal, pero menos visible. 

La mayoría de víctimas eran jóvenes varones, estudiantes, trabajadores o campesinos, muchos de los cuales murieron al serles negada la atención hospitalaria, según la Asociación Médica Nicaragüense (AMN).

Entre las víctimas está el periodista Ángel Gahona. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro registró al menos 712 casos de violación a la libertad de prensa entre abril y diciembre, desde amenazas hasta confiscaciones de medios, así como la detención de periodistas, dos de los cuales permanecen en prisión, y otros 66 fueron al exilio.

Se calcula que en Costa Rica se han exiliado más de 70.000. Y varias decenas de miles han partido hacia Estados Unidos, España y otros países.