SANTIAGO (AFP). Odebrecht centró de nuevo máxima atención cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega abrió otro frente con las denuncias contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios por los supuestos sobornos recibidos de esa empresa.
Ortega Díaz , que huyó de Venezuela, denunció en Brasil que solo Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del régimen autoritario que sustenta a Maduro, habría recibido US$ 100 millones y aseguró tener pruebas contra sobornos millonarios al presidente.
En unos años de bonanza en América Latina, propicia para construir infraestructuras, y al amparo de la diplomacia de la obra pública promovida por el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2010), Odebrecht encontró un caldo de cultivo favorable para corromper y ganar contratos.
Una capacidad que parece no tener límites. En América Latina y África habría repartido más de 3.000 millones de dólares debajo de la mesa para adjudicarse proyectos o corromper a presidentes, funcionarios o financiar campañas políticas, según las confesiones hechas por 77 ejecutivos de la firma en un acuerdo de colaboración alcanzado con la justicia brasileña.
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Es difícil saber si el escándalo tocó fondo, sobre todo porque aún “existen algunos nichos que en Brasil falta investigar”, dijo la procuradora Silvana Batini.
Uno de ellos es el papel del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), potenciado por Lula tras llegar al poder en 2003 para apoyar a las grandes empresas de infraestructura brasileñas.
Muchas de esas empresas, como la cárnica JBS o la constructora Odebrecht, entre otras, “crecieron a costa del BNDES y hoy sabemos que crecieron de forma criminal y crecieron pagando partidas ilícitas a los políticos”, destacó la procuradora.
Las investigaciones de Odebrecht llevaron el año pasado al BNDES a suspender el pago de 3.600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.
Dinero y cárcel
Expresidentes, ministros y funcionarios están en la cárcel en varios países latinoamericanos acusados de haber recibido sobornos para favorecer a la constructora en las licitaciones.
En Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
Sobre el también expresidente Alejandro Toledo.
En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas es investigado y en Colombia, el exministros fueron detenidos y la justicia investiga si Odebrecht aportó fondos para la campaña electoral del presidente Juan Manuel Santos y otros políticos.
En Panamá, el hermano y el hijo del expresidente Ricardo Martinelli y en Argentina, la empresa fue suspendida en julio pasado para participar de licitaciones y es investigada en al menos tres contratos.
En México, el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), también está en el ojo de la justicia.
La operación Odebrecht es parte de otra mucho mayor destapada en Brasil en 2014, la Operación Lava Jato, que dejó en evidencia que las empresas brasileñas de la construcción habían montado un cártel para alterar los jugosos mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras sobornando a dirigentes de todo el espectro político.
La constructora y su filial Braskem aceptaron en diciembre pasado pagar multas por unos US$ 3.500 millones por su sistema de sobornos que incluyó a una docena de países latinoamericanos, así como a Mozambique y Angola.
De esa suma, un 10% resarcirá delitos en Estados Unidos, otro 10% en Suiza y el 80% en Brasil.