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“La crisis en Nicaragua justifica plenamente la invocación del Artículo 20 de la Carta Interamericana, está hecho con criterios constructivos, procurando alcanzar acuerdos”, dijo el secretario de la OEA en una sesión extraordinaria.
Para aplicar el Art. 20 es necesario el voto afirmativo de dos tercios de los integrantes del organismo, una mayoría difícil de conseguir. “El gobierno está actuando fuera del margen del Estado de derecho”, dijo Almagro, citando la criminalización de las protestas, la falta de libertad de expresión y múltiples casos de abusos, represión y denuncias de tortura.
La ola de protestas iniciada en abril contra una reforma del seguro social derivó en un movimiento para reclamar la renuncia del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo.
La represión a las protestas ha dejado 325 muertos y 400 detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En diciembre un informe realizado por expertos enviados por la CIDH a Nicaragua denunció “crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”.
El caso más reciente de suspensión de un país fue Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.
En cambio, para Venezuela, la amenaza de suspensión ha recorrido un largo camino, sin haber conseguido la mayoría para concretarla. En medio de la pugna, Caracas lanzó un proceso para retirarse del organismo que debería concluir en abril de 2019.