SÃO PAULO (Reuters, EFE). Una batalla campal estalló ayer en una cárcel de Natal, donde el fin de semana pasado 26 personas fueron asesinadas en ajustes de cuentas entre bandas rivales de narcotraficantes. La mayoría de los fallecidos pertenecían a la facción del Sindicato del Crimen (SDC) aliado al Comando Vermelho (CV) y enfrentado al poderoso Primer Comando Capital (PCC).
En otras cinco ciudades cercanas a Natal estallaron ayer disturbios –con quema de autobuses y ataques a edificios públicos–, así como un motín en la localidad de Caicó, que dejó un muerto y cinco heridos.
“Están atacando autobuses, como venganza (...) por separar a los clanes en los presidios”, afirmó el gobernador Robinson Faria.
El Gobierno de Río Grande del Norte transfirió a unos 200 reos supuestamente ligados al SDC en una operación de la que participaron agentes del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) y de la Policía de choque.
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Surgen varias teorías sobre el recrudecimiento de la violencia entre las bandas en Brasil. Una de ellas es el asesinato a mediados de 2016 del capo Jorge Rafaat Toumani, que controlaba el tráfico de la frontera con Paraguay y fue tiroteado por sicarios supuestamente del PCC.
Las autoridades sostienen que la crisis penitenciaria se originó cuando el PCC decidió disputar el control del narcotráfico en todo el país y desafiar a otras bandas regionales.
Producción paraguaya
El ministro de Defensa de Brasil, Raúl Jungmann, aseguró que el Gobierno Federal ya tenía conocimiento durante los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de la disputa entre las dos facciones criminales por el control del tráfico de drogas.
“Nos llegaban informaciones de que el PCC estaba disputando el mercado de producción de Paraguay. El PCC y CV fueron aliados, pero después rompieron en la disputa del mercado”, declaró Jungmann.
Los disturbios y masacres comenzaron el 1 de enero con un enfrentamiento en una prisión de Manaos, donde la banda Familia Norte mató a 56 presos, en su mayoría miembros del PCC. Familia Norte controla una ruta de la cocaína que conecta con Colombia y Perú.
Las matanzas llevaron al Gobierno del presidente Michel Temer a poner a disposición de los gobernadores a los militares para actuar en las prisiones y en las calles.