“Es obligación del Estado velar para que los magistrados puedan tomar decisiones bajo su discreción, basadas en su interpretación de los hechos”, dijo.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Paraguay decidió el pasado mes enjuiciar a los magistrados supremos que anularon las condenas de once campesinos que habían sido condenados por la muerte de varios policías durante el desalojo de sus tierras, un caso que se conoce como la matanza de Curuguaty.

García Sayán opinó que el procesamiento a los jueces Cristóbal Sánchez, Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón “estaría afectando normas de derecho interno y principios esenciales de la separación de poderes e independencia judicial”; y agregó que ningún juez debe ser destituido o sancionado “por decisiones regulares en el ejercicio de sus funciones”.

Dijo, además, que mantuvo contactos con el Gobierno paraguayo sobre este asunto al considerar que este debe garantizar que no se produzca intromisión indebida o injustificada en los procesos judiciales.