Grupos paramilitares del sandinismo salieron a las calles durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, disparando a mansalva contra los manifestantes, jóvenes universitarios, principalmente, provocando centenares de muertos y miles de heridos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubo al menos 325 muertos desde abril de 2018, aunque algunos organismos locales elevan a 593 las víctimas mortales.
Asimismo han constatado ejecuciones extrajudiciales, torturas y múltiples abusos contra los manifestantes y opositores.
Organismos humanitarios estiman que 325 personas fueron muertas por la represión a las protestas populares ocurridas en 2018, 2.000 resultaron heridas y 62.500 salieron al exilio.
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El Gobierno liberó ayer a 56 presos políticos (estudiantes, periodistas y jóvenes, en general, apresados durante esas protestas) que, según el régimen, estaban encarcelados “por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública”, informaron las agencias AFP y EFE.
El régimen llegó a tener cerca de 500 presos políticos en sus cárceles tras las masivas protestas de 2018.
La estudiante Amaya Coppens, una de las dirigentes liberadas ayer, rechazó el “perdón” de la jerarquía sandinista.
“No aceptamos la amnistía porque no estamos pidiendo perdón por nada. Nosotros no cometimos ningún delito. Al contrario, son ellos (el sandinismo) los que han cometido crímenes de lesa humanidad y los que deberían estar preocupados”, declaró Coppens al portal del movimiento estudiantil 19 de Abril.
“Seguimos pidiendo justicia y democracia, no olvidamos a todos y cada uno de los muertos, a Eddy Montes (muerto por disparo en la prisión el 16 de mayo) y vamos a seguir luchando para que haya realmente justicia en Nicaragua”, sostuvo visiblemente emocionada.
Coppens llegó a la ciudad de Estelí de donde es originaria, horas después de que fue liberada, junto a los otros 55 opositores al gobierno de Ortega.
Una cantidad de personas le dieron la bienvenida junto a su madre Tamara Zamora y su padre, de nacionalidad belga, Federico Coppens.
“No tenemos miedo”, “Sí se pudo” y “Justicia” coreaban las personas reunidas, mientras conductores de vehículos sonaban bocinas al pasar frente a la casa, donde espontáneamente se realizó un mitin.
La joven de 24 años, estudiante de medicina, y uno de los rostros visibles de las protestas populares de 2018, fue apresada el 10 de septiembre, acusada de “terrorismo”.
La crisis política, desatada por las manifestaciones populares, que empezaron como protestas contra una reforma a la seguridad social, pero que en seguida reveló la condena al régimen que lleva 12 años en el poder, al principio elegido democráticamente, pero que una vez en el poder manipuló la Constitución y las instituciones, copadas por facciosos del régimen, para perpetuarse en el poder.