“Trataremos su abandono del cargo” a partir del 5 de enero, anunció ayer el presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup.
La oposición justifica el debate alegando que Maduro incumple muchos de sus deberes y se extralimita en varias de sus atribuciones; además de que la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra su mandato –el pasado 20 de octubre– quebró el orden democrático.
El “abandono del cargo” está previsto en la Constitución como una “falta absoluta” que obligaría a convocar elecciones en 30 días, aunque la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la vincula con un incumplimiento de deberes.
El abogado constitucionalista Pedro Afonso Del Pino considera que la propuesta legislativa no prosperará.
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El chavismo gobierna Venezuela desde hace 16 años, en los que, pese al auge del precio del petróleo, el país fue empobreciéndose, y actualmente enfrente su peor crisis económica.
La mayoría parlamentaria declaró la semana pasada la “responsabilidad política” del presidente por la aguda crisis del país, y solicitó a la Fiscalía investigar si existen razones para iniciarle un juicio. El Tribunal Superior de Justicia (públicamente autodeclarado chavista) anuló dicha declaratoria.
El TSJ considera al Congreso en “desacato” por el caso de tres diputados opositores que tomaron posesión de su cargo pese a que su elección fue suspendida por una causa iniciada por oficialistas. Los tres diputados ya han renunciado, pero el TSJ no levanta su medida.