MANAGUA (AFP). Unos 20.000 negocios del populoso Mercado Oriental, el mayor centro de compras del país, amanecieron con las puertas cerradas, con pocas personas caminando o limpiando las calles.

La mayoría de las gasolineras, bancos, librerías y comercios cerraron sus puertas en Managua. No así las oficinas del gobierno que trabajaron normal.

Al menos 300 personas estarían siendo procesados por su participación en las protestas contra el régimen, de los cuales 85 fueron acusados de “terrorismo”, denunció la semana pasada Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

El paro convocado por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exige la liberación de cientos de presos políticos y la reanudación del diálogo con el gobierno de Ortega, estancado desde junio pasado.

La Alianza, integrada por estudiantes, empresarios y grupos de la sociedad civil se formó a raíz del diálogo que se inició en mayo con el gobierno con la mediación de los obispos para buscar una salida a la crisis que vive el país a raíz de las protestas. 

Las manifestaciones iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones, que luego se transformaron en una demanda hacia el gobierno de Ortega para dejar el poder debido a la violencia que ejerció contra los manifestantes. La represión dejó más de 320 muertos y 2.000 heridos 

Todo por el poder

El 19 de julio de 1979 Daniel Ortega era un héroe al frente de la insurrección que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza, pero 39 años después gobierna Nicaragua junto a su esposa, Rosario Murillo, aferrado al poder, mientras miles reclaman su salida.

Muchos de sus excompañeros le acusan de desvirtuar los ideales sandinistas, de autoritarismo y nepotismo, al compartir el poder con su esposa mientras sus hijos son dueños o dirigen medios de comunicación oficialistas y algunos ocupan cargos públicos.

Aferrada al poder, la pareja presidencial se ha negado a adelantar elecciones como propone la Conferencia Episcopal, mediadora en el diálogo con la oposición.