LIMA (EFE). La comisión de legislación del Parlemento unicameral acordó igualmente inhabilitar por 10 años de la función pública al juez supremo César Hinostroza y a los exconsejeros de la Magistratura Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Orlando Vásquez Benites y Guido Aguila.

Todos serán denunciados por tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho pasivo específico y por formar parte de una organización criminal. 

Hinostroza y los exconsejeros están comprometidos en las investigaciones de la Fiscalía contra la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una mafia de corrupción de la que participaron también funcionarios judiciales y políticos. 

Aunque la acusación constitucional contra Hinostroza y los exconsejeros debe ser refrendada por la Comisión Permanente y en el pleno del Congreso, antes de pasar al Ministerio Público (Fiscalía) para que presente una acusación penal en el Poder Judicial, se da por hecho que el cuerpo legislativo respaldará la denuncia. 

El escándalo de corrupción revelado en los audios de los jueces involucrados en Los Cuellos Blancos del Puerto provocó el anuncio del presidente peruano, Martín Vizcarra, de llevar adelante una reforma del sistema político y de la administración de justicia. 

Vizcarra pidió al pleno del Congreso su confianza a cuatro reformas constitucionales, que espera poder ratificar en referéndum en diciembre próximo.

El Parlamento le dio respaldo y se comprometió a aprobar las reformas antes del 4 de octubre, a pesar del enojo de la lideresa opositora Keiko Fujimori que calificó a Vizcarra de haber intentado “un golpe de Estado” por sugerir que podía cerrar el Congreso, si no recibía el respaldo del Legislativo.

La primera propuesta aprobada por el pleno fue la reforma total del Consejo Nacional de la Magistratura, intervenido y declarado en emergencia en julio pasado por una crisis de corrupción.

Se estableció que el CNM se convertirá en la Junta Nacional de Justicia, conformada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público para un período de cinco años, quienes nombrarán, tras otro concurso de méritos y evaluación personal, a todos los jueces y fiscales del país.

Además, ratificará a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años y, junto con la Academia de la Magistratura, hará la evaluación parcial del desempeño de jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años y medio.

Estableció también que los jueces y fiscales que no sean ratificados en sus cargos o sean destituidos no podrán reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.