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LIMA (EFE). Las reformas fueron impulsadas por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y aprobadas por el Congreso, con el objetivo de reforzar la lucha contra la corrupción tras los escándalos que sacudieron al país este año.
Magistratura
La Junta Nacional de Justicia será la nueva denominación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), un órgano independiente encargado de nombrar, reemplazar o cesar a jueces y fiscales. Los anteriores integrantes del CNM fueron destituidos y están bajo investigación por presunta integración de una red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que participaban magistrados, políticos y empresarios.
La nueva Junta Nacional de Justicia tendrá igualmente siete miembros, pero estos serán elegidos por concurso público, en un proceso a cargo de una comisión que presidirá el defensor del Pueblo y donde también estarán los presidentes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y el Fiscal General.
Financiamiento político
Esta reforma penaliza la financiación ilícita de los partidos, a los que obliga a ingresar en el banco cualquier donación privada con el objetivo de hacer más transparente su contabilidad y facilitar la verificación y el control.
Quieren evitar casos como los millonarios aportes de la constructora brasileña Odebrecht a las campañas de los líderes políticos, los mismos que habrían ocultado los partidos bajo distintas modalidades. Por esta supuesta falta de transparencia, la líder opositora Keiko Fujimori está en prisión preventiva, imputada por lavado de activos. También son investigados los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
La nueva norma establece, además, que la propaganda electoral de las campañas se hará en radio y TV con financiación estatal y de manera proporcional, con espacios iguales para todos y ya no en función del último resultado electoral.
No a reelección
Hasta ahora los congresistas son las únicas autoridades de Perú que pueden ser reelegidas de manera indefinida, al contrario que el presidente, los gobernadores regionales y los alcaldes, quienes están impedidos por ley para renovar sus respectivos mandatos de manera inmediata.
El planteamiento para evitar que los congresistas se perpetúen en el cargo se produce en medio de un fuerte rechazo ciudadano hacia el Congreso. Las encuestas señalan que más del 50% de la población está a favor de que el presidente disuelva constitucionalmente la cámara y convoque a elecciones legislativas.
La impopularidad de los congresistas es mayor desde que el parlamento está dominado con mayoría por el fujimorismo, que no solo forzó la dimisión del expresidente Kuczynski, sino que lo hostigó con repetidas censuras a sus ministros.
Bicameral
Desde que el expresidente Alberto Fujimori dio su ‘autogolpe’ de Estado en 1992, en el que cerró el parlamento y formuló una nueva Constitución, el Poder Legislativo de Perú quedó reducido a una única cámara, Diputado o el Congreso. Esta pregunta de la reforma plantea recuperar la cámara de senadores, con una composición de 50 miembros, y la cámara de diputados, que mantendrán los 130 integrantes del actual Congreso.