Uno de los casos más graves es el del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, detenido ilegalmente en setiembre por publicar un video sobre un “cacerolazo” (movilización ciudadana) que se realizó en Isla Margarita en contra del presidente chavista Nicolás Maduro.
La SIP exigió a las autoridades venezolanas la “inmediata liberación de Jatar” y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió “un pertinente abordaje de este gravísimo caso”.
Durante el “cacerolazo” unas 30 personas fueron privadas de su libertad y todas liberadas poco después, excepto el periodista Jatar.
La periodista venezolana Ana Julia Jatar, hermana de Braulio, comentó que lo acusaron de legitimación de capitales (lavado de dinero) y le “plantaron” (los policías) un maletín con 20.000 dólares; y desde entonces poco o nada han sabido de su estado y su paradero.
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Según el chavismo, el dinero incautado fue para financiar acciones contra la cumbre de países no alineados (MNoal) que se realizó en Isla Margarita.
Ana Julia relató que el periodista y director del diario digital “Reporte Confidencial” recibe trato inhumano, mientras es trasladado de una cárcel a otra. Permanece incomunicado y hasta el momento no le han permitido ver a su esposa, Silvia Martínez. Tampoco la visita de su médico personal.