La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal consideró que existió “una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva” en una resolución publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Este operativo se concretó con “la entrega, recepción y puesta en circulación de los fondos aportados a la campaña presidencial del año 2007 del Partido Frente Para la Victoria” de Cristina, según el tribunal.

Por ese motivo, ratificó los procesamientos de Héctor Capaccioli, exsuperintendente de Servicios de Salud kirchnerista, y Sebastián Gramajo, exlegislador y responsable político de la campaña electoral, al entender que fueron los encargados de “procurar y recibir” el dinero, que conocían su origen ilícito y que “operaron conjunta y dolosamente en la concreción de la maniobra”.