SÃO PAULO (EFE). Algunos medios de comunicación de Brasil anunciaban el domingo en horas del noche que ayer se daría el arresto del expresidente Lula, para ser trasladado a Curitiba y ponerlo a disposición del juez Sergio Moro.

El magistrado, que ha ganado gran popularidad por la rigurosidad de su combate a la corrupción, es responsable por el caso conocido como “Lava Jato”, que abrió en marzo de 2014 y que ha llevado a la detención de los principales ejecutivos de las mayores constructoras de Brasil y conocidos políticos, involucrados en pedidos de “propinas” para beneficiar a políticos de la administración Lula.

Tras conocerse los rumores del encarcelamiento, más de un centenar de personas se congregaron desde la madrugada del lunes frente al apartamento de Lula en São Bernardo do Campo, cuna de los movimientos sindicales que dieron origen al Partido de los Trabajadores (PT) a comienzos de la década del 80.

Causas

El expresidente, que gobernó entre 2003 y 2010, se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos por recibir presuntos pagos y favores de sendas constructoras, una de ellas la firma Odebrecht.

En la otra causa, el juez Sergio Moro determinó que Lula debe enfrentar un juicio por cargos que sostienen que fue el “beneficiario directo” de cobros por 3,7 millones de reales en sobornos a OAS SA, una compañía de ingeniería y construcción.

El tercer proceso es por haber tratado de callar a un testigo que le señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó a Petrobras durante al menos una década.

Da Silva, que goza de gran popularidad, fue acusado por el Ministerio Público de haber cometido presuntos actos de corrupción pasiva entre 2008 y 2010, cuando todavía era presidente, y de supuesto tráfico de influencias, entre 2011 y 2015, en condición de expresidente.

Sus abogados reiteraron que es inocente y denunciaron una persecución política.

El caso llamado también “Petrolão” golpeó con particular fuerza al PT, que gobernó Brasil desde 2003, cuando Lula llegó al poder, hasta agosto de 2016, cuando su sucesora Dilma Rousseff fue destituida, acusada de maquillar las cuentas públicas.

Los investigadores calculan que en la Petrobras se defraudaron unos 8.000 millones de dólares (2.000 millones ya verificados); y cobraron más de 5.000 millones de dólares en sobornos para otorgar beneficios fiscales, provocando al pueblo brasileño un daño virtualmente imposible de calcular.