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Pulso de poderes en Guatemala amenaza Estado de derecho

Este artículo tiene 7 años de antigüedad
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La salida anticipada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) quedó en suspenso mientras el pulso entre la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal) y el Gobierno aumentó por la diferencia de criterios. Iglesia teme quiebre de Estado de derecho.

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GUATEMALA (EFE). El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, cesó de manera unilateral y anticipada el pasado lunes el mandato de la Comisión, establecida en 2006 mediante un acuerdo con la ONU para combatir las corruptelas dentro del Estado, tras acusarla de haberse extralimitado en sus funciones.

Pero la Corte Constitucional dio marcha atrás a la decisión del presidente conservador, Jimmy Morales, de anticipar de forma unilateral la salida de la Cicig del país por supuestas “resoluciones ilegales” y “extralimitación de funciones”.

La relación de Morales con la Cicig fue hostil desde el inicio de su mandato en 2016. El ente acusó a su hijo y a su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero, y están a la espera de juicio.

La situación se agravó en 2017 cuando la Cicig y la Fiscalía acusaron a Morales de financiamiento ilegal de su campaña para la presidencia en 2015.

El Constitucional exhortó a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo a que “en el ámbito de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la Cicig”.

El Gobierno de Morales respondió que “analizará” el fallo.

La resolución del Constitucional fue celebrada por decenas de organizaciones y cerca de un centenar de manifestantes aglutinados afuera del edificio de la alta Corte, quienes calificaron de “grave” la crisis que se vive en Guatemala y rechazaron la decisión de retirar a la Cicig.

Sin embargo, un grupo de manifestantes de organizaciones conservadoras aglutinadas en el “Movimiento por la Libertad” salieron a apoyar al presidente en su determinación de cerrar la Cicig con anticipación, organismo que culminaba sus funciones el 3 de setiembre.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) dijo que la confrontación entre el Gobierno y varias instituciones del Estado guatemalteco por la Cicig pone “en riesgo el ya frágil Estado de derecho” en el país.

“Lamentamos profundamente la abierta confrontación entre el actual Gobierno y otros organismos del Estado legalmente constituidos que ponen en riesgo el ya frágil Estado de derecho”, expresó el Episcopado en un pronunciamiento público.

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