RÍO DE JANEIRO (EFE). Las autoridades empezaron a tener constancia de esta nueva masacre el domingo con el hallazgo de los cuerpos de 15 internos de entre 21 y 42 años de edad, asesinados en el interior del Compaj.

Pero el lunes el panorama fue peor. Hallaron los cuerpos sin vida de otros 40 reclusos con indicios de haber fallecido por asfixia, tras inspeccionar a fondo ese centro y otros tres más. 

El Compaj fue escenario, en 2017, de una cruenta matanza entre presidiarios de distintas facciones rivales que dejó entonces un saldo de 56 muertos, muchos de ellos por decapitación, y cerca de 200 fugados, después de 17 horas de auténtica batalla campal.

Ese trágico episodio dio inicio a una de las peores crisis penitenciarias en la historia de Brasil, con réplicas en otros estados del país y que obligó al entonces presidente Michel Temer (2016-2018) a autorizar el uso del Ejército en el interior de las cárceles.

Alertados ante la posibilidad de revivir una situación parecida, agentes de la Secretaría de Administración Penitenciaria de Amazonas, con apoyo de la Policía, iniciaron una operación para fiscalizar otros penales de la región, donde notificaron los nuevos óbitos, además de cuatro heridos.

La investigación preliminar indica que las muertes de los dos últimos días “estarían motivadas por una disputa entre presos que integraban un mismo grupo criminal, que actúa en el tráfico de drogas”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Amazonas. 

Según datos del Fórum Brasileño de Seguridad Publica, la población carcelaria en Brasil alcanza alrededor de 700.000 personas, lo que supone cerca del doble de la capacidad del sistema penitenciario. 

El ministro de Justicia de Brasil, Sérgio Moro, afirmó que las matanzas ocurridas en Manaos en menos de 48 horas, en las que han muerto más de medio centenar de presos, se debió a un conflicto entre bandas rivales. 

Moro, exjuez a cargo de la operación Lava Jato, presentó al Congreso un proyecto de reforma de leyes con el que pretende reforzar el combate al crimen, que apunta a endurecer la acción contra la delincuencia organizada, la corrupción y los crímenes violentos, pues todos “están vinculados”, según aseguró. 

Considera esa reforma como “fundamental” para combatir la impunidad y evitar que los delincuentes de “cuello blanco” se beneficien de la lentitud del sistema judicial.