LA HAYA (AFP). “Por 12 votos contra 3, la República de Chile no está obligada jurídicamente a negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia”, señala el fallo.
Tras desmontar uno a uno los argumentos presentados por Bolivia en su demanda presentada en 2013 sobre una eventual obligación jurídica de Chile, la CIJ recomienda a ambos a “continuar su diálogo” en un “espíritu de buena vecindad” para abordar el “enclaustramiento de Bolivia”.
Las reacciones al fallo no se hicieron esperar. Desde Santiago, el presidente chileno, Sebastián Piñera, celebró que el tribunal pusiera “las cosas en su lugar” y denunció que su par boliviano, Evo Morales, creó “falsas expectativas” y “grandes frustraciones a su propio pueblo”.
Por su parte, Evo Morales, que se desplazó hasta La Haya para presenciar el fallo –algo poco usual en jefes de Estado–, relativizó el resultado de su demanda y subrayó que, “si bien no hay una obligación de negociar, hay una invocación a seguir continuando el diálogo”.
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Antecedentes
La demanda de Bolivia se remonta a la Guerra del Pacífico (1879-1883), que la enfrentó junto a Perú contra Chile, y al Tratado de 1904, que selló la pérdida de 120.000 km2 de territorio, entre ellos sus 400 km de costa.
Pese a la derrota, que supuso el enclaustramiento de Bolivia –el único país de América junto a Paraguay sin costa–, La Paz defendía que Chile se había comprometido a lo largo del último siglo a negociar un acceso marítimo soberano.
La ocasión en que más cerca se estuvo de que Bolivia lograra un acceso directo al mar fue durante las dictaduras de Augusto Pinochet, en Chile y Hugo Banzer, en Bolivia.
Ambos militares firmaron el “Acuerdo de Charaña”, una declaración que abrió las puertas a una eventual cesión a Bolivia de un corredor que lo conectara con el Pacífico, a cambio de territorio de iguales proporciones de Bolivia a Chile, en otro lado de la frontera; pero la iniciativa no prosperó.