La semana que viene el Senado, con amplia mayoría de legisladores opositores a Dilma, inicia el procesamiento que puede concluir a fin de mes.
Rousseff insiste en denunciar como un “golpe de Estado” el juicio político en su contra por haber dispuesto de créditos fiscales sin la autorización del Congreso, como lo exige la Constitución, “bicicleteando” cuentas fiscales para disimular la mala situación fiscal inclusive durante el tiempo en que fue reelegida para su actual segundo mandato.
Asimismo, los casos de corrupción sistematizada durante el gobierno del oficialista Partido de los Trabajadores, le quitaron el apoyo político y popular.
Dilma alega que en caso de volver al ejercicio de la presidencia, convocará a una concertación nacional. Analistas estiman que la propuesta de Rousseff caerá en saco roto puesto que la oposición parece firme con los votos necesarios para su destitución.