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El chavismo pidió al Poder Judicial anular la decisión del Parlamento que declaró el martes en “abandono del cargo” al presidente Nicolás Maduro –un día antes de que cumpliera 4 años como mandatario– con lo cual se profundiza aún más la crisis política.
El oficialismo acercó su demanda al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anticipó que la Asamblea no está facultada para destituir al Presidente. Pide además enjuiciar penalmente a los congresistas que aprobaron la decisión.
Como ya ocurrió en otras ocasiones, el Supremo dará curso favorable a la solicitud del chavismo.
Según la Constitución venezolana, si el Legislativo declara la “falta absoluta” del Presidente antes de que cumpla su cuarto año de mandato, se convocará a elecciones en 30 días. Después de ese límite, será reemplazado por el vicepresidente para completar los dos años restantes del periodo presidencial.
Pero el Mandatario aseguró que no dejará el poder y calificó de “nulo y golpista” la determinación adoptada por la Asamblea Nacional.
También, advirtió a la oposición diciendo que deben “atenerse a las consecuencias por sus acciones”.
El presidente del Parlamento, Julio Borges, el político antichavista que más incomoda al Gobierno, señaló a Globovisión y al periódico El Nacional, que “el país está abandonado y el pueblo puede salvarlo”.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado las limitaciones en el ejercicio de las libertades y la existencia de un centenar de presos políticos.
Contra la Iglesia
El chavismo ahora se lanza contra la Iglesia, institución que había propiciado el diálogo entre el oficialismo y oposición, e iniciado en octubre pasado.
El delegado del Gobierno en el diálogo, Jorge Rodríguez, acusó al presidente de la Conferencia Episcopal venezolana (CEV), Diego Padrón, de “boicotear” las conversaciones, indicó la AFP.
Padrón consideró el lunes pasado que el diálogo “fracasó”. Según Rodríguez, la declaración de Padrón “desvela la profunda conspiración de la jerarquía eclesiástica contra la paz de Venezuela”.
Camino tortuoso
En contacto con ABC Cardinal, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela con sede en Caracas, Mercedes de Freitas, dijo ayer que “el camino será largo y tortuoso para alcanzar una salida a la crisis”, y que “la vía de solución planteada por el Parlamento no parece tener un cauce factible”.
Pero que el panorama cambiaría si se dan este año las comicios regionales, y aunque “esperar las elecciones de 2018 (presidenciales) para muchos venezolanos parece una cosa muy lejana –sobre todo para los que se están muriendo de hambre, de desnutrición, por enfermedades, por inseguridad– se observa como lo más factible”.
Frietas calificó de poco probable una revuelta social ante unas Fuerzas Armadas Bolivarianas tan comprometidas con Maduro y el partido de gobierno. Además, comentó que para el Gobierno los ataques internacionales representan un “golpe duro”, como la salida del Mercosur propiciada por Paraguay, Brasil y Argentina.