WASHINGTON (EFE). El país centroamericano sufre una grave crisis iniciada el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo de la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

Civiles y opositores políticos acusan al dictador Ortega de represión, nepotismo y haber instaurado una dictadura, con su esposa Rosario Murillo.

Ortega es un exguerrillero izquierdista de 72 años. Gobernó por primera vez de 1979 a 1990, retornó al poder en 2007 y fue reelegido en 2011 y 2016, con el beneplácito de un Poder Judicial, en contra de la propia Constitución.

“Desde el comienzo de las protestas (en abril) hasta ayer, 264 personas han perdido la vida y más de 1.800 han resultado heridas”, aseguró el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrao, durante una intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

Sin embargo, la cifra se eleva a 351 cuando se revisan datos de organizaciones humanitarias locales.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, acusó, en la OEA, a la Comisión de no ser objetiva en la elaboración de ese análisis, en el que la CIDH también denunció malos tratos a los detenidos por las autoridades locales.

“Es un informe apresurado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo, imparcialidad y de una actitud profesional para informar con aproximación a la verdad de lo que realmente ocurre en Nicaragua”, sentenció Moncada.

Durante su exposición, el secretario de la CIDH explicó que, desde la llegada del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) al territorio nicaragüense el pasado 30 de junio, 52 personas han perecido “de forma violenta provocada por el contexto de las protestas”.

Además, Abrao denunció que las personas detenidas por las autoridades nicaragüenses a raíz de las protestas han sido víctimas de “violencia, malos tratos e incluso tortura antes de ser trasladadas a la sede de la Policía Nacional”.

Un grupo de obispos, entre ellos el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, fueron agredidos esta semana por progubernamentales y paramilitares cuando llegaban a una iglesia en el suroeste del país Los policía y grupos armados ilegales irrumpieron en esa ciudad y mataron a unas 14 personas según organismos de derechos humanos.

No obstante, la iglesia anunció que seguirá mediando en el diálogo nacional para hallar una salida pacífica a esta crisis.