CARACAS (AFP). El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, cuyo presidente –Maikel Moreno– es leal al dictador Nicolás Maduro, ordenó procesar penalmente a diputados opositores por “la comisión flagrante” de delitos como traición a la patria y conspiración, una semana después de que esos legisladores apoyaran una fallida rebelión militar.
Sin embargo, el TSJ no especifica con exactitud los hechos que se les atribuyen a esos dirigentes, por lo que es vista como una clara persecución judicial contra la disidencia que busca poner fin al régimen chavista.
Como los presuntos delitos fueron cometidos de forma “flagrante”, los legisladores opositores carecen del beneficio de un antejuicio de mérito, un proceso político en el Supremo, sino que su caso “corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal”, explicó la Corte.
Aunque inicialmente esta Corte chavista informó que la decisión afectaba a siete dirigentes opositores, en un segundo comunicado el TSJ excluyó a una de ellas y mantuvo a los parlamentarios Henry Ramos Allup (expresidente del Parlamento opositor), Luis Florido, Marianela Magallanes, Simón Calzadilla, Amerigo De Grazia y Richard Blanco.
Todos ellos son del entorno del jefe del Parlamento y presidente interno del país, Juan Guaidó.
La también chavista “Asamblea Constituyente” apoyó la decisión del Supremo con el retiro de la inmunidad parlamentaria a esos legisladores opositores. Este órgano lo preside el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, un exmilitar y líder radical del partido oficialista PSUV.
La persecución a la disidencia por parte del régimen se agudizó después de que el pasado 23 de enero el jefe del Parlamento, Guaidó, jurara como mandatario interino al invocar artículos constitucionales.
Guaidó ha logrado el respaldo de gran parte de países americanos y de naciones europeas. Pero no así de las Fuerzas Armadas, a las que Maduro considera su “columna vertebral”.
Bajo conducción del chavismo el país afronta la peor crisis de su historia, lo que genera a diario protestas por la severa escasez de alimentos y la pésima prestación de los servicios públicos.
Policía política
EE.UU. retira las sanciones al general venezolano Manuel Cristopher Figuera, quien, según Washington, rompió con el chavismo.
Hasta el pasado martes, el general Figuera era el director del Servicio de Inteligencia (Sebin, la policía política del dictador Nicolás Maduro), pero tras el fallido plan de alzamiento militar por parte de la oposición, Maduro lo destituyó. Figuera se habría unido al líder opositor Juan Guaidó para liberar al preso político Leopoldo López.