BUENOS AIRES (EFE). El magistrado Claudio Bonadio abrió un proceso penal contra la exmandataria –que está en Cuba visitando a su hija Florencia, tratada en ese país por problemas de salud– por la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL) durante su mandato presidencial.
Otros siete procesamientos más pesan ya sobre la expresidenta, que insiste en que es víctima de una “persecución política”.
En el dictamen de Bonadio, que también procesó a, entre otros, exdirectivos de las estatales YPF y Enarsa y a los ya detenidos Julio De Vido (exministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta (exsubsecretario de Control y Coordinación de la misma cartera), se apunta a supuestos delitos cometidos entre 2008 y 2015.
“Los imputados pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido”, subraya el juez.
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Además, el auto agrega que no existió “negociación alguna” al respecto y la participación de intermediarios y la selección de agencias marítimas también fue sin licitación.
“Facturaron a precios con variaciones injustificadas, componentes que incidieron en el precio finalmente abonado que generó un perjuicio económico a las arcas del estado, por un monto difícil de determinar”, remarcó el magistrado.
“Se advirtió una sobrefacturación en las compras de GNL total y aproximada de 124,75 millones de dólares”, se consigna en el escrito judicial.
Este expediente está directamente relacionado con la llamada “causa de los cuadernos”, que se destapó en agosto pasado después de conocerse unas libretas en las que un chofer de Baratta anotó durante más de una década cómo transportaba de forma habitual los millones de dólares que los que los altos funcionarios kirchneristas cobraban de coima a los que participaban en la obra pública.
Se enviará al Senado el pedido de desafuero para hacer efectivo el arresto, pero se espera que, como ya ocurrió anteriormente, su bancada la blinde para evitarlo.
Comando presidencial
La “asociación ilícita” denunciada fue, según indica el magistrado, comandada por el expresidente Néstor Kirchner –fallecido en 2010– y su esposa Cristina Fernández de Kirchner, luego también presidenta, ya que “el dinero era entregado alternativamente” al matrimonio presidencial en sus domicilios privados u oficiales.
“Parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”, añade Bonadio.