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PORTO ALEGRE, Brasil (AFP, Reuters). Los magistrados del Tribunal Regional Federal respaldaron ampliamente las conclusiones del juez anticorrupción Sergio Moro, autor de la sentencia de primera instancia.
En esta causa, una de las nueve abiertas en su contra, la mayoría por supuesta corrupción, Lula fue condenado por supuestos sobornos de la constructora OAS, que se habrían traducido en la entrega de un apartamento de lujo en la playa a cambio de favorecer a la compañía en contratos con Petrobras.
Esa trama corrupta, conocida también como Petrolão, salió a luz con las investigaciones de la operación Lava Jato, que comenzó a principios de 2014 y llevó a una lucha sin precedentes contra la corrupción en Brasil.
El fallo convierte a Lula en el primer expresidente en ser juzgado y condenado en segunda instancia por investigaciones de Lava Jato.
Durante el juicio de ayer, uno de los magistrados aclaró que el líder y fundador del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) no fue condenado por crímenes como integrar la organización criminal que desvió los recursos de Petrobras, sino por los “crímenes concretos y específicos de corrupción que cometió” como beneficiario de parte de los sobornos.
El aumento de la sentencia, que pasó de 9 años y 6 meses a 12 años y 1 mes, se debe al agravante de que Lula, por su posición de máximo mandatario de la República, carga con una “culpabilidad extremadamente elevada”, en palabras del relator João Gebran Neto, el primero en votar.
“Lula fue beneficiario personal y directo de los sobornos puestos a disposición del PT”, aseguró el juez Leandro Paulsen, presidente de la sala.
“No solo había un enriquecimiento personal, también servía para financiar campañas y el proyecto político de un Gobierno”, remarcó Gebran Neto.
En setiembre de 2016, la Fiscalía ya había pedido el enjuiciamiento de Lula “como comandante máximo del esquema de corrupción”.
El exmandatario podría ir a prisión solo después de agotar todos los recursos disponibles de la defensa en la Corte.
La condena, aunque es apelable, complica las opciones del expresidente para competir en las presidenciales de octubre ya que, según leyes brasileña, los condenados en segunda instancia no pueden ser postulados.
No obstante, la última palabra sobre su candidatura estará en manos de la Justicia Electoral, y esta solo podrá pronunciarse a partir del 15 de agosto, cuando vence el plazo para la inscripción de las candidaturas. Hasta entonces, Lula podría incluso volcarse a una campaña electoral aún sabiendo del alto riesgo de que sea frustrada.
El PT, en fase de convalecencia por los duros golpes recibidos estos últimos años: graves acusaciones de corrupción contra muchos de sus principales dirigentes y la destitución en 2016 de Dilma Rousseff, heredera de Lula; en medio de la incertidumbre ahora deberá decidir si escoge a un nuevo candidato o insiste en postular a un condenado a prisión.
Favorito en los sondeos, Lula se considera víctima de un “pacto diabólico” de las élites para impedir que gane las presidenciales de octubre.