WASHINGTON (AFP). El decreto firmado por Trump el viernes pasado y que pone un dramático freno a la aceptación de refugiados y de ciudadanos provenientes de siete países musulmanes terminó por convertirse en un escándalo de alcance global.
Cuatro jueces federales emitieron fallos para detener las deportaciones, en tanto unas 300 personas fueron detenidas o se vieron impedidas de viajar en el mundo.
Trump decidió adelantar para hoy el anuncio de su nominado para ocupar la plaza de juez actualmente vacante en la Suprema Corte.
La máxima instancia judicial del país está abocada al bloqueo desde la muerte del juez conservador Antonin Scalia en febrero de 2016. Desde entonces funciona con ocho magistrados: cuatro conservadores y cuatro progresistas.
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Durante la campaña prometió escoger a un juez que defienda posiciones conservadoras.
Los culpables
El Mandatario intentó ayer retomar la iniciativa y, fiel a su estilo, lo hizo a través de la red Twitter. En una larga serie de mensajes, escribió que los manifestantes eran los culpables del caos en los aeropuertos durante el fin de semana, que el mundo está lleno de “tipos malos” y que todo está marchando “bien y con muy pocos problemas”.
Mientras tanto, masivas protestas se produjeron tanto en Washington como en Los Ángeles, Virginia y otros estados, con réplicas en países europeos, como las de Londres y Bruselas.
La medida concebida como una lucha contra el terrorismo recibió críticas de aliados, causó confusión sobre su aplicación, galvanizó a los demócratas que buscan formas de derrotarlo y provocó inquietud dentro del Partido Republicano.
El senador John McCain, un verdadero peso pesado del Partido Republicano y excandidato presidencial, dijo que el decreto y la nueva política estadounidense para refugiados está simplemente equivocada y que este veto dará al grupo radical Estado Islámico “más material de propaganda”.
La Unión Europea dijo que se asegurará de que sus ciudadanos no sean víctimas de las medidas de Trump, mientras el Alto Comisionado de NN.UU. para los Derechos Humanos tildó el veto de “mezquino” e ilegal, en tanto que el expresidente estadounidense Barack Obama apoyó las protestas en todo el país y denunció la discriminación por razones religiosas, dijo su portavoz Kevin Lewis.