WASHINGTON (AFP). Entre tanto, un Tribunal de Apelaciones de San Francisco (California) debe decidir sobre el futuro de su veto al ingreso a Estados Unidos de inmigrantes y refugiados de siete países de mayoría musulmana.

El pasado viernes, un juez federal de Washington suspendió el decreto a nivel nacional.

En la Casa Blanca, junto a un grupo de comisarios de policía, Trump justificó que la prohibición de entrada al país es “sentido común” y añadió que “es muy importante para el país”, y anunció “verificación extrema”.

Las embajadas estadounidenses exigirían a los solicitantes de visa sus contraseñas para acceder a sus redes sociales con el fin de efectuar controles más estrictos, declaró el secretario de Seguridad Interior, John Kelly.

Ante la colosal oposición judicial a una de sus más emblemáticas promesas de campaña –desafiada en una demanda respaldada por gigantes tecnológicos, grupos de derechos humanos y 16 estados–, Trump arremetió contra la prensa, a la que volvió a acusar de “deshonesta” y de subestimar la amenaza del terrorismo, señalando que exprofeso ocultaron ataques de yihadistas.

La Casa Blanca distribuyó una lista de 78 ataques que, indicó, fueron “ejecutados o inspirados por” el grupo Estado Islámico, señalando que la mayoría no recibió la debida cobertura en los medios, sin especificar cuáles.

Trump también atacó al juez responsable de “congelar” su decreto, y con ello permitir que el flujo de viajeros de los países vetados se reanude hacia EE.UU.

Los tres jueces federales que escucharán argumentos para revertir o mantener la suspensión del decreto darán su fallo esta semana.

Si el Tribunal de San Francisco mantiene la suspensión, la batalla legal se trasladará a la Corte Suprema, que necesitará una mayoría de 5 contra 3 para rechazar el fallo. Pero ese escenario es una incógnita: las ocho bancas del Supremo están divididas en cuatro magistrados conservadores y cuatro progresistas.