RÍO DE JANEIRO (EFE). Este caso por soborno es el tercer proceso penal abierto contra Lula da Silva en la justicia convencional. El exgobernante también es investigado por el Tribunal Supremo por su posible implicación en el caso de corrupción en la empresa petrolífera Petrobras.
En la decisión divulgada ayer, el magistrado Vallisney de Souza Oliveira, del Tribunal Regional Federal de la Primera Región, aceptó de forma íntegra la denuncia formulada por la Fiscalía la semana pasada contra el exmandatario.
Los cargos imputados contra Lula son corrupción pasiva, tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación ilícita, con lo que si fuera condenado por estos cargos podría enfrentarse a una pena de hasta 30 años de cárcel.
Además de Lula, otras diez personas fueron acusadas de diferentes cargos de corrupción, entre ellos el empresario Marcelo Odebrecht, expresidente de Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, y quien también ha sido condenado por el caso Petrobras.
En este nuevo proceso, Lula es sospechoso de haber cobrado sobornos de Odebrecht a cambio de las presiones que supuestamente habría ejercido desde la Presidencia y en los años posteriores a que dejó ese cargo, en 2011, para favorecer a la empresa.
Según la acusación, Lula presionó para que el Banco de Fomento de Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) concediera créditos a Odebrecht para que lograra adjudicarse un contrato en Angola.
Los pagos, que ascendieron a 30 millones de reales (unos 9 millones de dólares), los realizó Odebrecht a una empresa recién fundada por un sobrino de la primera mujer de Lula, Taiguara Rodrigues dos Santos.
Además, Odebrecht contrató al expresidente para pronunciar discursos en diversos países, lo que, según la Fiscalía, se trataba de un medio para “escamotear el mecanismo de compraventa de la influencia” que mantenía ante entes públicos brasileños y Gobiernos extranjeros.
El BNDES anunció el pasado martes que suspendió el pago de los préstamos que ha concedido a las constructoras investigadas por corrupción para 25 obras en el extranjero, hasta que aclare si todos los procedimientos han sido legales.
Además de este proceso, Lula tendrá que sentarse en el banquillo en otras dos causas, en una por cargos de obstrucción a la Justicia, por supuestamente haber intentado sobornar a un testigo del caso Petrobras para comprar su silencio, y, en otro, por haber recibido presuntos favores ilegales de la constructora OAS.
Cárcel para exsenador
SÃO PAULO (EFE). La Justicia de Brasil condenó ayer al exsenador Gim Argello, un hombre de negocios y político cercano a la expresidenta Dilma Rousseff, a 19 años de prisión por su implicación en el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación de Petrobras, lo consideró culpable por los crímenes de corrupción pasiva, lavado de dinero y obstrucción a las investigaciones, pero fue absuelto del delito de organización criminal. El magistrado también lleva la causa del expresidente Lula da Silva.
El caso “Petrolão” tiene en su punto de mira a políticos, directivos de la petrolera y ejecutivos de las constructoras más importantes del país, quienes, según la Fiscalía, se organizaron para sacar partido del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.